Tras años de consolidación regulatoria y crecimiento comercial, el cannabis legal en EE UU se ha transformado en un motor económico de gran alcance. De acuerdo con el análisis de MJBiz, un medio especializado en economía del sector, la contribución total de la marihuana al PIB estadounidense alcanzará los 123 mil millones de dólares en 2025.

Este monto abarca empleos directos, ventas minoristas, recaudación de impuestos y el impulso a cadenas de valor asociadas, alcanzando incluso sectores insospechados como el turismo, la industria tecnológica y servicios auxiliares como el marketing, la seguridad o la logística especializada.

El dato representa un incremento significativo respecto a los 100 mil millones estimados en 2023 y los 70 mil millones registrados en 2021, evidenciando una curva de crecimiento acelerado. No obstante, detrás de este auge se esconde una realidad menos halagadora: la concentración del mercado, las barreras estructurales que enfrentan pequeños productores y emprendedores, además de la marginación persistente de las comunidades más castigadas por la guerra contra las drogas, que rara vez acceden a los beneficios de esta economía legalizada.

Más allá de las cuentas alegres, la exclusión sistemática de ciertos sectores sociales en el acceso al mercado legal sigue siendo una de las críticas más contundentes al modelo estadounidense. La mayoría de las licencias de operación están en manos de grandes empresas, mientras que iniciativas comunitarias o cooperativas encuentran obstáculos regulatorios, financieros y burocráticos.

Para los países que observan este proceso con la intención de avanzar hacia la regulación, el ejemplo norteamericano ofrece advertencias claras: replicar un modelo dominado por grandes corporaciones puede consolidar nuevas formas de desigualdad y dejar fuera a comunidades, sectores campesinos o redes de autocultivo.